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Convención Diversidad Cultural, Mayo 2007

El pasado 18 de marzo entró en vigencia la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de la Expresiones Culturales. Poco antes fue ratificada por nuestro país, con unanimidad de votos en  ambas Cámaras del Congreso. En forma casi simultánea, a nivel nacional e internacional, nace un nuevo derecho, sin duda, el cuerpo jurídico internacional de carácter cultural más importante que existe.

No deja de impresionar la rapidez con que este instrumento se forjó. De fines del 2002 data el principal estudio sobre la factibilidad de un instrumento jurídico internacional sobre la diversidad Cultural. Menos de un año después, en paralelo al Segunda Encuentro de Asociaciones Profesionales de la Cultura que se realizó en febrero del  2003 en Paris, varios Jefes de Estado proponían al Director General de UNESCO que acogiera una Convención sobre la materia. En Septiembre de ese mismo año, la 32ª Conferencia General de UNESCO hizo suya la idea de legislar, conformándose una comisión de expertos que elaboró una propuesta de Convención. Después de dos años de debate y fuertes tensiones entre quienes estaban a favor y en contra de la Convención, esta se aprobó con una abrumadora mayoría -solo dos países se opusieron- en la 33ª Conferencia General de  UNESCO.

A la fecha son más de 50 países que la han ratificado -se requerían sólo 30 para que este entre en vigencia-, así para todos ellos este texto normativo ya es ley. Es decir, que en menos de 5 años, y pese a la fuerte oposición de Estados Unidos y de grandes grupos económicos, se logró diseñar, aprobar e iniciar la implementación de un instrumento internacional altamente complejo, en un capítulo que algunos han llamado “la guerra contra Hollywood”.

La celeridad de este proceso no es una casualidad, podríamos afirmar sin duda que se corría contra el reloj. En septiembre del 2001 cuando en Montreal se organiza el Primer Encuentro Internacional de Asociaciones Profesionales de la Cultura, para muchos fue una sorpresa saber que los Estados estaban inhabilitándose en su posibilidad de actuar en cultura e implementar políticas publicas en la materia, al no haber un tratamiento particular para la cultura en las negociaciones internaciones de libre comercio, sean estas en la Organización Mundial de Comercio OMC o en los tratados bilaterales o regionales; la cultura quedaba absorbida en la normativa que limitaba o anulaba la capacidad regulatoria de los Estados en la materia.

La preocupación de los representantes chilenos que participaron en dicho encuentro fue mayor, pues estábamos en la fase final de las negociaciones de los TLC con Estados Unidos y la Comunidad Europea. Al volver, con la participación del Sindicato de Actores, de Músicos, la Plataforma Audiovisual y los Editores Independientes,  se conformó la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural –la segunda en constituirse en el mundo-, cuyo objetivo era establecer una excepción o reserva para la cultura en estos tratados. No dejaba de ser sintomático que por un lado se estuviera legislando en favor de un Consejo de Cultura, y por el otro -sin la participación alguna del sector, ni gubernamental ni de la sociedad civil- el país se estuviera amarrando las manos para establecer políticas públicas en cultura. Los dos primeros años estuvieron marcados, fundamentalmente, por una acción de resistencia: impedir que la cultura quedara subordinada a las lógicas comerciales.

A partir del 2003 a este accionar defensivo ante los negociadores de los tratados de libre comercio -en estrecha alianza con el Consejo de Cultura- se suma el trabajo en favor de la Convención, buscando dar a las expresiones culturales en el derecho internacional un lugar propio. Claramente se puede asimilar la importancia de esta Convención para la cultura de los pueblos, con el rol que cumple la declaración de los derechos humanos para los individuos. Y en tiempo de globalización neoliberal, el establecer derechos para la cultura, como ha sido el caso con el medio ambiente, es un imperativo para intentar impedir que en los años venideros tengamos que lamentarnos por la desaparición de más lenguas y culturas locales.

El desafío es grande, la maquinaria, intereses e influencias que mueve la llamada industria del entretenimiento es difícil de imaginar. Como señala un estudio de UNESCO, el peso económico del sector cultural a nivel mundial se estima en 1,3 billones de dólares. El comercio internacional de bienes y servicios culturales pasó entre 1994 y 2002 de 38.000 a 60.000 millones de dólares, 40% proviene de tres países, Gran Bretaña, Estados Unidos y China, apenas un 4% de toda América Latina y África. No se puede realmente hablar de intercambio, se trata más bien de caminos en un solo sentido, de un fuerte dominio de las industrias culturas de los países fuertes sobre el resto del mundo. En el caso del libro, entre España y América Latina, las cifras son reveladoras. Más de 100 a 1 es la diferencia entre la exportación e importación de libros entre la península y toda la región. Pareciera que aun vivimos en la Colonia. Y evidentemente esto no solo tiene que ver con temas comérciales y económicos, estamos hablando de modos de mirar, sentir, interpretar el mundo. Se trata de relatos, construcción de sentidos, información y conocimiento. Y cuando se erosionan fuertemente  las identidades locales se tiende a perder la capacidad de internalizar los cambios, aprehender y comprender lo propio y lo ajeno.

Los efectos de una globalización que arrasa con las identidades locales, que destruye los sentidos de comunidad, son parte de nuestro pan de cada día. Sin duda con esta realidad se la relaciona el alto nivel de adhesión que logró la Convención. Y desde ahora esta establece derechos y obligaciones a los Estados partes en relación a sus expresiones culturales. A través de 35 artículos, en un texto de 13 páginas, que vale la pena leer y conocer,  busca dar cuerpo a los objetivos estipulados a el artículo 1:

“a) proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;

b) crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa;

c) fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una cultura de paz;

d) fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el espíritu de construir puentes entre los pueblos;

e) promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local, nacional e internacional;

f) reafirmar la importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo para todos los países, en especial los países en desarrollo, y apoyar las actividades realizadas en el plano nacional e internacional para que se reconozca el auténtico valor de ese vínculo;

g) reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y significado;

h) reiterar el derecho soberano de los Estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios;

i) fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales en un espíritu de colaboración, a fin de reforzar, en particular, las capacidades de los países en desarrollo con objeto de proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales.”


El ámbito de aplicación son justamente las políticas y medidas que adopten los países en la materia. Son estas que se ven limitadas por los tratados de libre comercio, por ello mismo el artículo más polémico de este cuerpo fue el número 20, que se refiere a una relación de “potenciación mutua, complementariedad y no supeditación” con otros instrumentos internacionales.

Para funcionar, la Convención establece órganos propios: la Conferencia de las Partes, “órgano plenario y supremo”, que debe tener lugar cada dos años, y el Comité Intergubernamental con representantes de 24 países.

Hoy, el desafío es darle fuerza real a este texto jurídico, que se convierta en un instrumento eficaz para impedir que los sentidos del que hacer cultural queden subordinados a las lógicas del mercado, para que la cultura pueda jugar un rol central en la construcción de sentidos de comunidad entre los pueblos. Un mundo más justo, más humano, nunca será fruto del dominio de instituciones internacionales de carater comercial como la OMC, sino del equilibrio y tensiones entre diversas instituciones con un peso similar que velen por los diversos sentidos y necesidades de la vida en tierra como son los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, el medio ambiente, los derechos laborales, el comercio, etc. Por eso es tan importante la entrada en el orden jurídico internacional de una nueva pieza como esta Convención que viene a ocupar un espacio vacío: la cultura.


Como señalan los juristas Ivan Benier y Helene Ruiz Fabri, autores del estudio de factibilidad ya citado, y del documento “Aplicación  seguimiento de la  Convención, perspectivas de acción”, “sería sumamente deplorable que tras su adopción por la Conferencia General y su ratificación, la Convención fracasara en el plano de su aplicación”. Esto tiene que ver con lo que pase a futuro en los países y entre los países. Y en ambos planos tiene que ver con la acción de los Estados y también de la sociedad civil, cuyo rol fundamental en la materia reconoce el mismo texto de la Convención. Para tal efecto, las 37 Coaliciones para la diversidad Cultural, en su 9ª reunión de coordinación que tuvo lugar en abril en Montreal, decidieron conformar una Federación Internacional para dar continuidad a su labor, impulsando una mayor adhesión de países a la misma. En su declaración destacan que “La Convención no es, evidentemente, un fin en sí misma. Es un instrumento al servicio de la diversidad cultural, que tendrá valor en la medida en que los Estados la pongan efectivamente en práctica”. Apelan a los Estados a que “adopten e implementen políticas culturales, que respondan a los objetivos, principios y disposiciones de la Convención”, constituyan “rápidamente el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural y asegurarle al mismo los medios necesarios a la altura de sus ambiciosos objetivos, para el desarrollo de las industrias culturales de los países del Sur ” y se abstengan “en el marco de las negociaciones comerciales –bilaterales y multilaterales- de asumir compromisos que constituyan un atentado a los derechos de los Estados Partes, consagrados en la Convención, de desarrollar libremente sus políticas culturales”.

Sin duda son numerosas las tareas que le esperan a la Primera Asamblea de las Partes que tiene lugar en junio y al Comité Intergubernamental; la definición del plan de trabajo de los primeros años será decisiva en el futuro de la esta. Como señalan Bernier y Fabri, muchos de los compromisos de la Convención “son de buena fe, que no implican el logro de resultados precisos, sino que constituyen obligaciones de comportamiento que exigen la realización de esfuerzos concretos para lograr objetivos fijados.” Depende en tal sentido de la voluntad política y de la presión de la sociedad civil en cada país para que los derechos y obligaciones establecidos por este texto legal se hagan realidad. Para avanzar en esta nueva etapa, la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural que reúne hoy a más de 20 asociaciones profesionales de la cultura ha iniciado un proceso de reflexión sobre su misión y proyección. Sin duda el hacer sentido en la ciudadanía y actores del mundo de la cultura del significado de la Convención es tarea básica. Tiene que ver también con comprometer a los ciudadanos con la producción propia y de otras culturas del mundo, en particular de América Latina. El generar un mayor espacio para los filmes locales en cines y televisión, para la música chilena y latinoamericana en las radios y disqueras, para el libro editado localmente en las librerías y bibliotecas,  para el teatro, danza, etc. no será “gracia” de los circuitos de distribución o los canales de televisión, sino como resultado de un accionar conjunto entre productores culturales locales, una prensa y ciudadanía que se preocupe, valore y exija mayor diversidad, junto a políticas públicas que fomenten la creación, producción, distribución y acceso a la creación local y latino americana, abordando toda la cadena de cada sector.

Como señala la Carta Cultural Iberoamericana suscrita por los Jefes de Estado  y Gobierno de los países de la región en julio 2006, “Los derechos culturales deben ser entendidos como derechos de carácter fundamental según los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Su ejercicio se desarrolla en el marco del carácter integral de los derechos humanos, de forma tal, que ese mismo ejercicio permite y facilita, a todos los individuos y grupos, la  realización de sus capacidades creativas, así como el acceso, la participación  y el disfrute de la cultura. Estos derechos son la base de la plena ciudadanía  y hacen de los individuos, en el colectivo social, los protagonistas del quehacer en el campo de la cultura.” Para concretar estas palabras, sin duda la ratificación de la Convención es un hecho fundamental. A la hora que la ciudadanía haga suyo el derecho que le da esta Convención, y los Estados  de la región la implementen ampliamente, podremos hablar con propiedad de la constitución de derechos culturales y de la “construcción de un espacio cultural iberoamericano”.


Paulo Slachevsky